El Canal de Panamá en el centro de la controversia: Trump amenaza con retomar el control

El Canal de Panamá, una de las vías marítimas más estratégicas del mundo, ha vuelto al foco de las tensiones internacionales tras las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Durante un evento en Phoenix, Trump calificó de «ridículas» las tarifas que Panamá cobra por el uso del canal y sugirió que Estados Unidos podría exigir su devolución si no se respetan los términos del acuerdo de 1977. Estas declaraciones han sido rechazadas contundentemente por el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien afirmó que el control del canal y su soberanía “no son negociables”.

La historia del canal, construido por Estados Unidos y entregado al gobierno panameño en 1999, refleja una relación compleja entre ambas naciones. Desde su construcción en 1914, la vía interoceánica ha simbolizado tanto el poderío tecnológico estadounidense como las tensiones diplomáticas que culminaron en disturbios durante la década de 1960. En la actualidad, el canal enfrenta desafíos modernos, como la escasez de agua debido al cambio climático, que ha limitado su operatividad. A pesar de ello, Panamá ha mantenido su autonomía sobre la gestión de esta importante infraestructura, negando cualquier influencia extranjera significativa, incluyendo a China, otra preocupación destacada por Trump.

La propuesta de Trump no es la primera ocasión en que sugiere adquirir territorios o activos estratégicos de otras naciones, pero su idea de retomar el canal ha generado críticas y escepticismo. Expertos señalan que una acción de esta magnitud sería inviable, tanto desde el punto de vista diplomático como logístico. Mientras tanto, Panamá reafirma su soberanía y subraya la neutralidad del canal, destacando que las tarifas impuestas son esenciales para mantener su funcionamiento y enfrentar los retos ambientales y económicos actuales.

Gobierno de Nuevo León impulsa el diálogo para aprobar el Presupuesto 2025

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García, reafirma su compromiso con la transparencia y el consenso al trabajar en colaboración con el Congreso para la aprobación del Paquete Fiscal 2025. En un gesto de apertura, García instruyó al secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, a proporcionar toda la información técnica necesaria para garantizar un análisis consciente y fundamentado. Este enfoque busca dar seguridad al proceso y fomentar acuerdos en torno a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, fundamentales para el desarrollo de la entidad.

En un esfuerzo por facilitar las negociaciones, el Gobierno del Estado presentó ajustes significativos y desistimientos de normas fiscales que habían generado inquietudes entre los legisladores. El consejero jurídico, Ulises Carlín, confirmó la retirada de tres propuestas del Código Fiscal del Estado, subrayando que esta decisión se tomó para no entorpecer las negociaciones y promover un clima de colaboración. Además, el secretario de Finanzas destacó que el Paquete Fiscal no contempla nuevos impuestos y prevé ingresos propios por 34,123 millones de pesos, fortaleciendo la estabilidad económica del estado.

El gobernador Samuel García ha demostrado una postura respetuosa y proactiva, apoyando al Congreso en la búsqueda de consensos y asegurando que Nuevo León cuente con un presupuesto sólido para 2025. Este diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo refleja la visión de un gobierno que prioriza el bienestar ciudadano y la transparencia en la toma de decisiones. A través de estas acciones, el Gobierno de Nuevo León se posiciona como un referente de compromiso y eficacia en la gestión pública.

La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política que prohíben el uso y comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, la propuesta también sanciona toda actividad relacionada con estas sustancias, incluyendo su producción, distribución y venta. El proyecto, que ahora será discutido en el Senado, busca proteger la salud pública y abordar la crisis derivada del consumo de estas sustancias.

El debate en el recinto estuvo marcado por posturas encontradas. Por un lado, la diputada Danisa Flores, de Morena, destacó que el fentanilo representa una grave amenaza al tejido social y a la seguridad nacional, argumentando que su prohibición es clave para combatir el narcotráfico y fortalecer relaciones internacionales. En contraste, legisladores de oposición como Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, y Paulina Rubio, del PAN, criticaron la medida. Reyes calificó la reforma como un ataque a las libertades individuales, mientras que Rubio la consideró una «simulación» que no aborda de manera efectiva los problemas de violencia y narcotráfico en México.

El dictamen establece que las actividades relacionadas con los dispositivos electrónicos de vapeo y las sustancias tóxicas quedarán prohibidas en todas sus formas, tanto en comercio nacional como internacional. Esta reforma surge en un contexto donde el consumo de fentanilo ha provocado una crisis de salud pública a nivel global, afectando especialmente a países como Estados Unidos y México. La decisión de los legisladores abre la puerta a una mayor regulación, pero también genera interrogantes sobre su implementación y efectividad a largo plazo.