Gobierno de Nuevo León impulsa el diálogo para aprobar el Presupuesto 2025

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García, reafirma su compromiso con la transparencia y el consenso al trabajar en colaboración con el Congreso para la aprobación del Paquete Fiscal 2025. En un gesto de apertura, García instruyó al secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, a proporcionar toda la información técnica necesaria para garantizar un análisis consciente y fundamentado. Este enfoque busca dar seguridad al proceso y fomentar acuerdos en torno a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, fundamentales para el desarrollo de la entidad.

En un esfuerzo por facilitar las negociaciones, el Gobierno del Estado presentó ajustes significativos y desistimientos de normas fiscales que habían generado inquietudes entre los legisladores. El consejero jurídico, Ulises Carlín, confirmó la retirada de tres propuestas del Código Fiscal del Estado, subrayando que esta decisión se tomó para no entorpecer las negociaciones y promover un clima de colaboración. Además, el secretario de Finanzas destacó que el Paquete Fiscal no contempla nuevos impuestos y prevé ingresos propios por 34,123 millones de pesos, fortaleciendo la estabilidad económica del estado.

El gobernador Samuel García ha demostrado una postura respetuosa y proactiva, apoyando al Congreso en la búsqueda de consensos y asegurando que Nuevo León cuente con un presupuesto sólido para 2025. Este diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo refleja la visión de un gobierno que prioriza el bienestar ciudadano y la transparencia en la toma de decisiones. A través de estas acciones, el Gobierno de Nuevo León se posiciona como un referente de compromiso y eficacia en la gestión pública.

La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política que prohíben el uso y comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, la propuesta también sanciona toda actividad relacionada con estas sustancias, incluyendo su producción, distribución y venta. El proyecto, que ahora será discutido en el Senado, busca proteger la salud pública y abordar la crisis derivada del consumo de estas sustancias.

El debate en el recinto estuvo marcado por posturas encontradas. Por un lado, la diputada Danisa Flores, de Morena, destacó que el fentanilo representa una grave amenaza al tejido social y a la seguridad nacional, argumentando que su prohibición es clave para combatir el narcotráfico y fortalecer relaciones internacionales. En contraste, legisladores de oposición como Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, y Paulina Rubio, del PAN, criticaron la medida. Reyes calificó la reforma como un ataque a las libertades individuales, mientras que Rubio la consideró una «simulación» que no aborda de manera efectiva los problemas de violencia y narcotráfico en México.

El dictamen establece que las actividades relacionadas con los dispositivos electrónicos de vapeo y las sustancias tóxicas quedarán prohibidas en todas sus formas, tanto en comercio nacional como internacional. Esta reforma surge en un contexto donde el consumo de fentanilo ha provocado una crisis de salud pública a nivel global, afectando especialmente a países como Estados Unidos y México. La decisión de los legisladores abre la puerta a una mayor regulación, pero también genera interrogantes sobre su implementación y efectividad a largo plazo.

Sheinbaum busca aumentar el salario mínimo un 12% en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de mejorar el poder adquisitivo de las y los mexicanos mediante un aumento del 12% al salario mínimo para 2025, con el objetivo de que este ingreso alcance para cubrir 2.5 canastas básicas al final de su gobierno. De concretarse, el salario mínimo diario pasaría de 248.93 a 278.8 pesos, mientras que en la zona fronteriza se elevaría de 374.89 a 419.87 pesos diarios. Esto representaría un ingreso mensual de 8,364 pesos para el resto del país.

Sheinbaum enfatizó que este ajuste debe ser el resultado de un diálogo tripartito entre el gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores. La Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la propuesta presidencial, sugiriendo también un incremento del 12%. Sin embargo, de no lograrse un consenso, el salario deberá ajustarse al menos en función de la inflación, proyectada en un 4.4% para 2024, lo que significaría un aumento menor de aproximadamente 10.95 pesos diarios.

La presidenta subrayó que esta medida es parte de un plan más amplio para combatir la desigualdad económica en México y garantizar que los ingresos mínimos sigan siendo un mecanismo efectivo para proteger el bienestar de las familias trabajadoras. Con esta estrategia, Sheinbaum busca sentar las bases para un modelo económico que priorice la justicia social y la dignidad laboral.